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La ONU refuerza la gobernanza de los océanos con el Tratado de Alta Mar

Tras casi 20 años de negociaciones, los Estados miembros de la ONU han aprobado un Tratado para proteger y conservar los recursos marinos. Un acuerdo crucial para cumplir el acuerdo ‘30x30’ que busca proteger un tercio del mar y de la tierra para 2030.

Publicado el 06.04.2023
El Tratado de Alta Mar busca revertir la degradación de los hábitats oceánicos y la biodiversidad marina con mecanismos que protejan, al menos, un 30% de las aguas internacionales. (Getty Images)

Las aguas internacionales, alta mar, comienzan a partir de las 200 millas náuticas de la costa y representan más del 60 % del océano. Pero hasta la fecha, solo el 1,5% cuenta con algún tipo de protección. Estos porcentajes excluyen la gestión de las aguas nacionales, que ocupan un 39% y están reguladas bajo jurisdicciones estatales. 

La ausencia de un marco legal para la conservación de la alta mar ha convertido esta importante reserva en un dominio castigado por las actividades humanas de carácter industrial, productivas o de consumo como la sobrepesca, minería, extracción de gas y petróleo o el transporte marítimo de mercancías, que están degradando los hábitats oceánicos, la biodiversidad marina y modos de vida relacionados con el océano.

El tratado de las Naciones Unidas ‘Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction (a partir de ahora, Tratado de Alta Mar) , busca poner freno y revertir esta situación con la creación de varios mecanismos para proteger y gestionar sosteniblemente al menos un 30% de las aguas internacionales.

Los paquetes más destacados del Tratado de Alta Mar son las áreas marinas protegidas (AMP), las evaluaciones de impacto ambiental (EIA), los recursos genéticos marinos (RGM), y la creación de capacidad y la transferencia de tecnología marina (CB&TT, en inglés). Esta última quiere democratizar el acceso tecnológico y científico a todos los países, especialmente a los países en desarrollo.

A continuación, se comentan cada uno de estos paquetes.

Áreas marinas protegidas (MPA): conservación de zonas marinas especialmente frágiles

Es el punto de partida del acuerdo. Las MPA son aquellas zonas específicas dentro de las aguas internacionales definidas, gestionadas y supervisadas por la Conferencia de las Partes (COP), un órgano de decisión que reunirá a los estados firmantes del Tratado, para su protección y uso responsable. Para evitar vetos a la creación de estas importantes áreas de conservación, se definirán por votación en caso de no alcanzar un consenso.

Solo el 1,5% de la alta mar cuenta con algún tipo de protección. El objetivo es aumentarlo hasta el 30% para 2030. (Getty Images)

Este marco de protección se centrará en zonas especialmente frágiles para las especies en peligro. Es una herramienta legal que ya existe a nivel nacional, ya que los países pueden crear estas zonas de protección en sus propias aguas territoriales.

La COP tendrá que definir su aplicación junto con otras organizaciones mundiales y regionales que actualmente tienen autoridad sobre partes del océano, como las organizaciones regionales de pesca y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que actualmente conceden los permisos de exploración minera en algunas zonas concretas.

Para ello se fijarán unas Herramientas de gestión por áreas (ABMTs) que, según destacó Greg Fisk, director global de Riesgo Climático y Resiliencia de la consultoría especializada BMT, durante una mesa redonda organizada por el World Ocean Council (WOC), pueden elaborarse con instrumentos o marcos jurídicos ya existentes y relevantes para otros organismos regionales subregionales. 

“Esto es muy importante, sobre todo para organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura o la Organización Meteorológica Mundial”, valoró Fisk.

El Tratado de Alta Mar entrará en vigor cuando los 193 Estados miembros de la ONU lo ratifiquen y firmen. En cualquier caso, el texto ya no puede sufrir ningún cambio sustancial.

Las evaluaciones de impacto ambiental (EIA): una ‘explotación’ sostenible de los mares y océanos

El Tratado establece una norma de toma de decisiones que exige que las actividades que afectan a la biodiversidad de alta mar, tanto las nuevas actividades como las que se realizan en el marco de organismos existentes, se gestionen para evitar o mitigar efectos medioambientales adversos significativos

Además de las actividades ‘tradicionales’ relacionadas con los océanos, este mecanismo evaluará la ejecución responsable de actividades en auge, como la instalación de energías renovables o cables submarinos y las explotaciones mineras.

Para asegurar una mayor responsabilidad en determinadas actividades, un Órgano Científico y Técnico revisará las EIA para evitar evaluaciones ambientales inadecuadas o falsas. 

El Tratado también exige la formulación de normas y directrices para las EIA en las Áreas fuera de la jurisdicción nacional (ABNJ) para ayudar a armonizar y mejorar sus disposiciones.

Para democratizar el proceso, apoyará la participación de los países en desarrollo en la evaluación del impacto ambiental y, por lo tanto, en la gobernanza de los océanos.

Farzaneh Shakeri, consultora en la Unidad de Derecho Internacional y Medioambiental del WOC, explicó en la mesa redonda que “el primer resultado de las negociaciones, si no el más importante, es que la evaluación del impacto ambiental sigue siendo un proceso dirigido por los Estados, lo que significa que éstos participan en las distintas fases de la evaluación. Los mecanismos de control establecidos en el marco de la convención buscan garantizar el cumplimiento de unas mínimas normas de transparencia e inclusión”.

Una norma de toma de decisiones exige que las actividades que afectan a la biodiversidad se gestionen para evitar efectos medioambientales adversos. (Getty Images)

Recursos genéticos marinos (MRG): establecer un reparto equitativo

Los MGR son el material genético de cualquier planta, animal o microbio. Los MGR, así como su versión digital (Digital Sequence Information- DSI) y sus derivados, todos ellos cubiertos en el acuerdo, han despertado un gran interés en la ciencia y la industria para desarrollar, por ejemplo, nuevos fármacos o cosméticos.

“El potencial comercial de la biota marina es enorme, pero todavía bastante desconocido y algunas áreas pueden ser grises”, advirtió Peter Hinchliffe, ex Secretario General de la Cámara Naviera Internacional, durante la mesa redonda del WOC.

La sección II del MGR pretende equilibrar la libertad científica marina con un reparto justo y equitativo de los beneficios, ya que actualmente, solo 10 países acaparan el 90% de las patentes de productos fabricados con genes marinos, según datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Este paquete del Tratado obligará a los Estados a compartir  tanto los beneficios no monetarios - por ejemplo el acceso a las muestras y el aumento de la cooperación científica- como monetarios, tanto para los MGR como para la DSI.

El reparto de beneficios monetarios adoptará inicialmente un pago anual por parte de los Estados desarrollados, calculado sobre la base de sus contribuciones prorrateadas. Sin embargo, la COP puede adoptar en el futuro modalidades alternativas como un pago vinculado directamente al valor de las ventas de productos de MGR y DSI procedentes de zonas situadas fuera de su jurisdicción nacional.

Las partes están obligadas a notificar al Mecanismo de Intercambio de Información sus actividades con respecto a los MGR y los DSI, así como el uso posterior de estos recursos. Se creará una etiqueta digital que acompañe a la información a lo largo de la cadena de valor para garantizar su transparencia y seguimiento.

Transferencia de tecnología marina (CB&TT)

Vinculado al punto anterior, los países desarrollados deberán compartir sus conocimientos tecnológicos con otros países para que también puedan investigar y trabajar con los recursos genéticos marinos. Proporcionará financiación para el desarrollo de capacidades y su aplicación para fomentar la cooperación y el desarrollo de la ciencia marina en condiciones equitativas.

Los países desarrollados deberán compartir sus conocimientos tecnológicos con otros países para democratizar la investigación. (Getty Images)

Estas incluyen, entre otras:

  • El intercambio de datos
  • Instalaciones de investigación y colaboración
  • Herramientas para la supervisión y el cumplimiento
  • Difusión de información y sensibilización respeto de los conocimientos tradicionales pertinentes de los pueblos indígenas y las comunidades locales
  • Desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura pertinente, incluidos los equipos y personal
  • Herramientas para un seguimiento, control y vigilancia de las actividades

Un Comité de Desarrollo de Capacidades y Transferencia de Tecnología Marina se encargará de supervisar este paquete.

¿Cuándo entrará en vigor?

Es la tercera vez en menos de un año que los Estados miembros se reúnen en la sede de la ONU en Nueva York para alcanzar un acuerdo definitivo. Las negociaciones, que se prolongaron durante dos semanas entre febrero y marzo de este año, constituyeron la quinta ronda de negociaciones, después de que las anteriores, en el mes de agosto de 2022, concluyeran sin llegar a un acuerdo.

El siguiente paso para su entrada en vigor es la firma, ratificación e incorporación del Tratado a la legislación nacional de los 193 Estados miembros de la Naciones Unidas. Esto ocurrirá después de que los departamentos jurídicos de las Naciones Unidas hayan analizado el documento y se haya traducido a las seis lenguas oficiales de la ONU. 

En cualquier caso, tal y como ha asegurado Rena Lee, la presidenta de la conferencia encargada de su aprobación, el Tratado de Alta Mar ya no puede sufrir ningún cambio sustancial.